La Comunidad de Madrid inicia la tramitación de una nueva Ley de Infancia autonómica
La Comunidad de
Madrid va a iniciar la tramitación de una nueva Ley de Infancia con la que
quiere blindar los derechos de los niños y adolescentes madrileños, ajustando la
legislación regional a las modificaciones del sistema nacional de protección a
la infancia y a la adolescencia que se realizaron en 2015.. La Ley vigente en
materia de infancia en nuestra región data de 1995 y se ha quedado obsoleta en
numerosos aspectos, entre ellos la inclusión del interés superior del menor en
todas las decisiones que afecten a su vida, los procedimientos propios del
sistema de protección o adopción, y la prevención de todo tipo de violencia
contra la infancia.
CAMBIO LEGISLATIVO CONSENSUADO
El Gobierno autonómico va a dar los primeros pasos para cambiar la legislación con una serie de reuniones con las organizaciones más importantes que trabajan con la infancia en la región, para recabar sus opiniones sobre los
aspectos que requieren actualización o regulación, a fin de proteger aún mejor
los derechos de los niños y crear nuevos espacios para su participación.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley afectará al sistema de
protección, con medidas enfocadas a priorizar el acogimiento familiar frente al
residencial, en sus diversas formas. También determinará la manera en la que
los niños y adolescentes de la Comunidad participen de forma activa en las
decisiones que les afecten, teniendo en cuenta que son sujetos de pleno
derecho.
OBSERVATORIO REGIONAL DE LA INFANCIA
Asimismo, la nueva legislación contemplará la creación de un Observatorio de
Infancia que permita supervisar en todo momento la situación de los niños en
nuestra región, detectando las fortalezas y debilidades del sistema, para actuar
del modo más rápido y eficaz posible en la protección de los menores.
El objetivo es elaborar un texto que consiga un amplio consenso, tanto de los distintos grupos parlamentarios como de las entidades más representativas en materia de infancia. La nueva normativa seguirá los trámites necesarios para ser aprobada en esta legislatura, contando con un período de consulta pública en el que las entidades o personas que lo deseen podrán realizar sus aportaciones.