Y las cosas no salieron según lo previsto
El pasado diciembre entró en vigor la reforma del Código Penal, que el gobierno social comunista presidido por Sánchez y los independentistas de ERC habían acordado con el objeto de derogar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación “al gusto” del partido separatista.
Desde ERC hubo incluso quien “presumió” de haber redactado los cambios del Código Penal.
Esa reforma provocó la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019 en la causa del “procés”, que entre otros, había condenado a Junqueras a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación; los años de cárcel no cumplidos le fueron “perdonados” por el interesado indulto del Gobierno.
Aquel indulto que en 2019 Sánchez negaba rotundamente, ya saben “nunca más indultos políticos, hay que ponerles fin ya… sin injerencia del poder ejecutivo en el judicial… no tiene ningún sentido que un político indulte a otro…”
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado ahora la condena al que fuera vicepresidente del gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras Vies, actual presidente de ERC, por “un delito de desobediencia en concurso con malversación”, por lo que se mantiene la pena de inhabilitación por un periodo de 13 años, lo que en la práctica significa que no podrá presentarse a ningún cargo público hasta el año 2031.
Teóricamente, en España, es “sagrada” la independencia de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, por más que muchos lo pongan en duda a raíz de los movimientos indisimulados del ejecutivo por el control de la fiscalía y los tribunales, “colocando” a sus afines en puestos decisorios.
El alto tribunal no se ha limitado a confirmar la inhabilitación de Junqueras y de otros “actores secundarios”, sino que ha aprovechado la oportunidad para recordar al ejecutivo que con su decisión de derogar el delito de sedición, sustituyéndolo por el de “desórdenes públicos agravados”, ha creado un “vacío normativo”, originando un “espacio de impunidad” para el supuesto, muy probable de que en un futuro, próximo o lejano, quienes siguen empeñados en dejar de ser una comunidad autónoma dentro de España, promuevan y lleven a cabo otro intento separatista.
A la vista de las reacciones a la revisión, es más que evidente que el resultado hecho público no es el que presuponían tanto desde el lado del Gobierno de España como desde las filas separatistas catalanas.
Ambas partes se las prometían muy felices, los catalanes por la posibilidad de contar con Junqueras como candidato en próximas citas electorales y el Gobierno por la confianza de seguir contando con 15 escaños que les han sacado las castañas del fuego en varias ocasiones y pueden hacerlo mientras les dure la legislatura.
Decía Sánchez el pasado diciembre que había que “desjudicializar el conflicto catalán, aunque eso implicara decisiones arriesgadas”;visto el resultado, no cabe duda de que, como les ha ocurrido con la ley de “Sisí”, también con la reforma del Código Penal podían producirse “efectos indeseados”.
Calcularon mal el riesgo y las cosas no salieron según lo previsto, es algo que pasa hasta en las mejores familias.