No nos engañemos, si bien la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual fue promovida por Unidas Podemos como un empeño personal de la madre de los hijos del que fuera vicepresidente del Gobierno de España, fue TODO el Consejo de Ministros, con Sánchez a la cabeza, el que el 3 de marzo de 2020 dio el visto bueno para iniciar la tramitación del anteproyecto de ley.
Era una ley que pretendía convertirse en garantía de las demandas del movimiento feminista y que teóricamente supondría la protección integral del derecho de TODAS las personas a su libertad sexual.
Tan “bonita” iba a quedar que a ojos de sus promotores, acabaría convirtiéndose en un referente internacional para la protección de las mujeres ante cualquier tipo de violencia sexual.
Nada detuvo a quienes se empeñaron en sacar adelante “su” ley; se rechazaron las advertencias de quienes avisaban ya entonces de lo que luego acabaron siendo “efectos indeseados”; ni los reparos del CGPJ, ni los del Consejo Fiscal, que ya advertía de revisiones de condena a la baja se tomaron en consideración, ni motivaron modificaciones.
Se descalificó sistemáticamente a cualquiera que manifestó la menor objeción a la modificación del Código Penal.
En el pleno del Congreso celebrado el 25 de agosto de 2022, PP y VOX sumaron sus 141 votos en contra, 3 representantes de la CUP se abstuvieron y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ley del “sí es sí” se aprobó por 205 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, C’S, Bildu, Más País, Compromís y Junts; 205 diputados que ese día cargaron sobre sus espaldas todos los efectos pretendidos y todos los “indeseados” resultantes de la aplicación de la ley.
El miércoles 7 de septiembre de 2022 apareció publicada en el BOE y su entrada en vigor a todos los efectos fue el 7 de octubre.
Muy pronto quedó en evidencia su promotora, que había “presumido” de que “no se conoce ni se va a conocer una sola reducción de penas, es propaganda machista”.
En los cinco meses transcurridos desde su entrada en vigor las cifras oficiales facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial, conocidas hace ya cinco días, hablan de 721 reducciones de condena, que al aplicarse han significado la puesta en libertad de 74 delincuentes sexuales con la consiguiente indignación ciudadana y el temor fundado de sus víctimas.
Unas rebajas de penas que según la Secretaria de Estado de Igualdad han originado ¡terror sexual!, pero que no han conmovido a su formación para al menos haber pedido perdón a la sociedad española por los desastrosos efectos de su “chapuza”, ya que ni la ministra ha tenido la valentía de dimitir, ni el Presidente del Gobierno las “amígdalas” suficientes para cesarla,
Y hoy, tras CINCO MESES de clamor social sin un acuerdo entre los socialistas y los comunistas que nos gobiernan, es la oposición la que se une a los primeros para tratar de encauzar el asunto, que acabará por derogar o reformar la ley, incrementando las penas y corrigiendo para el futuro el que sin género de dudas es, por sus “efectos indeseados” el mayor descalabro político de este gobierno. Un amplio resultado de 231 votos a favor de la reforma frente a 56 votos en contra (con 58 abstenciones), que señala directamente al perdedor.
Y a partir de ahora, como dijo Bolaños, que sean “los expertos, catedráticos y magistrados que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal” quienes reparen el desastre.
La soledad de las dos ministras comunistas, “abandonadas” a su suerte en los bancos azules, a un paso de las lágrimas, avasalladas por un resultado tan contundente, contrario a su postura, no es de ninguna manera “una derrota para las mujeres”, sino su fracaso personal, un varapalo lo suficientemente elocuente como para no hacer más comentarios.
