La «guerra» de la independencia.
La “guerra” de la independencia.
Como simples ciudadanos de a pie, casi siempre meros espectadores que sólo “opinamos” cuando se nos convoca a las urnas, siempre hemos confiado en que los distintos poderes del estado se limitaban a realizar sus funciones específicas, con absoluta libertad, cada uno en su terreno, sin interferir ni condicionar la labor de los otros.
En la práctica, el poder legislativo establece las “normas” que rigen la legalidad, el orden legal que obliga y protege a todos los ciudadanos del estado español.
El poder ejecutivo tiene, entre otras funciones, además de la de gobernar, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes establecidas y con los medios de que dispone exigir responsabilidades, detener si procede a aquellos ciudadanos que se saltan las normas establecidas y ponerlos a disposición de la justicia.
Es tarea, exclusiva y sin intromisiones, del poder judicial aplicar las responsabilidades penales que correspondan en base a las leyes y en función de la gravedad de los hechos cometidos por los ciudadanos.
En los últimos tiempos venimos asistiendo con estupor a una “intromisión” inadmisible entre poderes, que como un goteo continuo, tanto desde distintas voces del ejecutivo, como desde las de destacadas figuras del partido del gobierno, pone en evidencia un más que sospechoso empeño en restar importancia a unos hechos gravísimos.
Cualquiera de nosotros, ciudadanos de España, tenemos la libertad absoluta de opinar si los acontecimientos ocurridos en Cataluña, hace poco más de un año, fueron un auténtico golpe al estado o una pobre parodia fruto de la impotencia de unos políticos obsesionados con su “sueño” republicano.
Todos los políticos, como cualquier ciudadano, a título personal, también pueden hacerlo, siempre dentro de la coherencia mínima exigible.
No es preciso repetir ahora, porque posiblemente no hay en España nadie que no las haya escuchado, las manifestaciones de mayo del hoy presidente del gobierno, en relación con los hechos sucedidos hace un año en la comunidad autónoma de Cataluña.
No es necesario recordar quiénes prestaron el apoyo necesario para permitir descabalgar al gobierno de Mariano Rajoy y llevarle a La Moncloa. Miembros de dos de aquellos partidos están hoy huidos de la justicia o en la cárcel.
Es de bien nacidos ser agradecidos y es evidente que Pedro Sánchez, al tratar ahora de restar importancia a aquellos graves hechos, podría, a ojos de la gente, estar tratando de “compensar” el impagable favor de haberlo convertido en presidente.
Flaco favor hace la patética “defensa” esgrimida por Carmen Calvo en relación con el drástico cambio de opinión de su jefe de filas producido, para asombro general, en tan corto espacio de tiempo.
Dejen que sean los jueces quienes califiquen los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan; que sean ellos quienes determinen, en base a las leyes vigentes y la Constitución, si se trató de rebelión, sedición, traición, malversación, asociación de malhechores o en el mejor de los casos sólo la frivolidad de un grupo de inconscientes en busca de un objetivo que no estaba a su alcance.
No aventuren, como una promesa de conveniencia, un probable indulto; no pongan cura para heridas que aún no se han producido y cesen las hostilidades en esta guerra de poderes que pone en grave riesgo la independencia.