¡Fuego a discreción!
Resulta sonrojante que hoy mismo, en la primera toma de contactos entre el ganador de las elecciones castellanas y el perdedor de las mismas, uno de los primeros temas de conversación, el que al parecer ha fulminado el diálogo, haya sido la referencia del socialista derrotado a la corrupción.
Todas las corrupciones son condenables, todas las conductas irregulares son reprochables; nadie debería escapar a la acción de la justicia cuando se prueba que se han utilizado las instituciones y el cargo para el enriquecimiento personal o el de determinadas personas o sociedades “cercanas”.
Tiene que indignar bastante que un miembro del PSOE, partido que, tras gobernar cuatro décadas en Andalucía, carga sobre su espalda con la más amplia gama y los más cuantiosos, en lo económico, casos de corrupción organizada, abra la conversación, en lugar de con lo poco que llueve últimamente, mentando la corrupción al ganador del 13 de febrero, miembro de un partido que tras haber gobernado allí casi 35 años, no se ha ensuciado los zapatos como los suyos hicieron en el sur.
Todas las actuaciones irregulares cometidas por políticos en el desempeño de sus cargos deben ser cortadas de raíz en cuanto que la comprobación de los hechos no deje el menor espacio a la duda; a ellos, como a cualquier otro ciudadano sospechoso, tienen que demostrarle que ha delinquido.
Resulta inadmisible que algunos se empeñen en condenar hechos como delictivos cuando son meras sospechas o indicios, sin esperar a la aportación de pruebas que exculpen o ratifiquen determinadas actuaciones e incomprensible que en función de los colores del partido del presunto “infractor”, se le dé un tratamiento más o menos benevolente o simplemente se extienda sobre él un tupido velo.
Todas las corrupciones apestan y las de los políticos elegidos para gestionar los impuestos que pagamos todos, cuando burlan nuestra confianza, apestan igual, sean rojas, azules, moradas, verdes, amarillas o grises.
Siguen produciéndose casos de flagrante corrupción, y hay otros que bordean los límites de la duda razonable; sigue habiendo tratos de favor, asignaciones arbitrarias de ayudas y fondos públicos, contrataciones dudosas, enriquecimientos fulgurantes y demás situaciones sospechosas a lo largo y ancho de la geografía española y sorprende que sea una disputa personal entre dos “gallitos” del mismo corral, lo que convulsione la política nacional.
Resulta paradójico que justo cuando el PP acaba de ganar las elecciones autonómicas de Castilla y León y cuando la evolución de sus expectativas de llegar al gobierno de España seguían “progresando adecuadamente”, un asunto “interno”, agitado muy torpemente por ellos mismos, pueda poner en serio riesgo la posibilidad de mandar a la oposición a Sánchez y a sus “mejores amigos” en unas futuras elecciones generales.
El PP, como cualquier otro partido del panorama político español, no son sólo quienes en una etapa concreta, en un periodo más o menos largo de tiempo, ostentan su representación, son su programa, su ideario, sus propuestas, su gestión económica y social…
Serán los jueces quienes, en su día y a la vista de los hechos, reprochen, absuelvan o condenen la presidenta de la Comunidad de Madrid, por actuaciones o contrataciones que en otros casos, con mayores proporciones no han sido ni siquiera noticia destacada en los informativos.
Pretender desacreditarla y condenarla desde su propio partido, anticipándose a los acontecimientos, es una de las mayores torpezas de nuestra historia democrática.
No hay nada más lamentable que caer abatido por el “fuego amigo”; sólo un insensato ordenaría “¡fuego a discreción!” sin prever el desastre, ni tener en cuenta que él mismo tiene las mayores posibilidades de saltar por los aires.