El Supremo «reparte» justicia
Hoy, cuando se acaba de hacer pública la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, es lógica la satisfacción de quienes esperaban que se condenase, incluso a penas aún mayores, a los que abierta y conscientemente se saltaron las normas establecidas, sobrepasando sus competencias y pisoteando sin miramientos la Constitución y la ley.
Es “comprensible” la frustración y el desencanto de quienes durante todo el proceso han estado al lado de los que hoy han sido condenados y confiaban en su absolución, pero en ningún caso es admisible que su rabia pueda desembocar en reacciones violentas que generen desórdenes públicos o daños a las personas o a las cosas, o que entorpezcan o impidan el normal desenvolvimiento de aquellos ciudadanos que no comparten sus ansias separatistas y simplemente pretenden hacer su vida diaria con normalidad.
Mientras a VOX, que ejercieron la acusación particular, les ha parecido insuficiente dada la gravedad de los delitos que ellos señalaban, consideran que es una “sentencia al gusto de Sánchez y una vergüenza” y estudiarán recurrirla, a Rufián, diputado por ERC en el Congreso, no le ha gustado nada, especialmente porque su jefe se ha llevado el “premio gordo” y considera que la sentencia “es una venganza”.
Obviamente las condenas que para los de las CUP suman “100 años de negación de derechos y libertades fundamentales”, no han sido en absoluto del agrado de Joaquim Torra, máximo responsable político de esa región de España, que no ha dudado en calificarla como “injusta y un insulto a la democracia”, pero se ha mostrado más “comedido” de lo que cabía esperar de él a la hora de solicitar a la población actuaciones que pudieran generar graves incidentes y suponerle responsabilidades. Quizás por dentro seguía mascullando aquello de “apretad, hacéis bien en apretar”, pero hoy no se ha atrevido a repetirlo.
Es una frase manida aquella de “acatamos pero no compartimos la sentencia”, sea cual sea el asunto juzgado, pero especialmente en este caso, la politización va incluida, ya que son vísperas electorales y cada cual aprovecha como puede para en mayor o menor medida inclinar votos indecisos hacia sus posiciones.
La mayoría de los españoles no admitimos considerar presos políticos a quienes se creyeron facultados para proclamar aquella república del “suspiro”, que como en el más lamentable de los partos, nació sin vida y se desvaneció instantáneamente; no, no son “presos políticos” por más que hoy mismo lo repita, entre otros la alcaldesa Colau, empeñada en hacerles “ganar” votos a sus colegas de Unidas Podemos, por si no tuvieran ya suficiente con la aparición de Errejón.
No, no es un castigo ni una venganza, como argumentan algunos de sus representantes políticos, es algo mucho más sencillo, es justicia; constituye delito saltarse las normas establecidas y los delitos acarrean condenas en función de la gravedad de los mismos.
Entretanto, quien ayer llegó a la presidencia del Gobierno de España cogido de la mano, entre otros, de los separatistas, considera hoy, a tan sólo 27 días de unas elecciones generales en las que su resultado puede resultar claramente insuficiente, que “el proyecto independentista ha naufragado” y reclama “el cumplimiento íntegro de la sentencia”, dando por cerrada, al menos hoy por hoy, la puerta al indulto, algo que la sociedad española, mayoritariamente, no le perdonaría en las urnas.
No sorprende que hoy mismo, el juez Llarena haya cursado nuevas órdenes de detención contra los huidos, en especial contra un Carles Puigdemont ya “amortizado”, que podría estar calculando, por aquello de la proporcionalidad de responsabilidades, la condena que le puede esperar en el horizonte judicial.
Es previsible que la normalidad en Cataluña se vea perturbada hoy mismo e incluso que puedan producirse incidentes de gravedad en los próximos días; cortes de comunicaciones, manifestaciones y huelgas en un desesperado e inútil intento de llamar la atención.
PP y C´S estarán al lado del gobierno en funciones a la hora de tomar las medidas drásticas si se hacen necesarias.
Las fuerzas de seguridad, tanto las que están bajo las órdenes directas del gobierno de esa comunidad autónoma, como la policía nacional y la guardia civil, tienen la obligación inexcusable de mantener el orden y la legalidad vigente.