La Comunidad concede 1,5 millones en ayudas contra la exclusión social
El Consejo de Gobierno ha aprobado varios convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y entidades privadas para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil, y desarrollar un servicio de prevención y atención a la infancia y la adolescencia en dificultad social, por un importe de 1.508.060 euros. El sistema público de servicios sociales considera prioritario realizar una atención integral a los menores y a sus familias.
En este sentido, la Comunidad de Madrid está elaborando una Estrategia Regional para la Inclusión (2016–2019), que contará con medidas para hacer frente a las situaciones de pobreza, combatir la exclusión social y eliminar cualquier tipo de discriminación, sea cual sea su naturaleza.
Además de este convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno regional tiene previsto celebrar otros 54 convenios con entidades locales para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil, por un importe de 947.591 euros.
Convenios con entidades privadas
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios de colaboración con el mismo fin con cuatro entidades privadas (Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Madrid, Fundación Secretariado Gitano y Asociación Comisión Católica de Migración ACCEM), por un importe global de de 700.000 euros, también con cargo a los créditos concedidos por el Estado a las comunidades autónomas.
Se ha autorizado también un gasto de 318.722 euros correspondiente al convenio entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, para desarrollar un servicio de prevención y atención a infancia y adolescencia en situación de desventaja y dificultad social.
Este convenio tiene como objeto atender a menores de 6 a 17 años y sus familias, con el fin de apoyar la convivencia en su entorno natural, realizando una actuación preventiva y compensatoria de sus dificultades sociales. Se trata de un recurso social que ofrece apoyo socioeducativo a los menores y sus familias que viven en contextos de exclusión social y que, por distintas circunstancias, no disponen de oportunidades suficientes para asegurar el correcto desarrollo de los menores.