La Comunidad aprueba el nombramiento de los vocales de la Comisión Jurídica Asesora
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de los vocales que desde ahora integrarán la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el órgano que sustituye al suprimido Consejo Consultivo. En total, cinco mujeres y tres hombres que han sido seleccionados tras un concurso público regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y paridad de género.
Los vocales del nuevo organismo son Ana Sofía Sánchez San Millán, Carlos Yáñez Díaz, Rosario López Ródenas, Rocío Guerrero Ankersmit, María Dolores Sánchez Delgado, Tomás Navalpotro Ballesteros, María Pilar Rubio Pérez de Acevedo y Roberto Pérez Sánchez. Todos ellos son funcionarios públicos del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, adscritos a la Abogacía General, y con más de diez años de antigüedad en la función pública. Su mandato será de seis años, pudiendo volver a ser nombrados en períodos alternos. El presidente y el secretario de la Comisión serán elegidos entre los vocales, quienes propondrán al Consejo de Gobierno el nombramiento del primero. Está previsto que también pueda elegirse un vicepresidente.
Independencia y dedicación exclusiva
Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora ejercerán sus funciones con plena independencia y dedicación exclusiva y sólo podrán ser cesados por causas legalmente establecidas: fallecimiento o incapacidad, renuncia, expiración de su mandato, incompatibilidad sobrevenida, incumplimiento grave de sus funciones, condena por delito por sentencia judicial firme y pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Tras la aprobación de la Ley 7/2015 de supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, las funciones consultivas fueron atribuidas a la Comisión Jurídica Asesora, un órgano de nueva creación. Por su parte, las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales del territorio de la Comunidad de Madrid, serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. También será este Tribunal el que tenga las competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.
El 1 de septiembre del año pasado, el Gobierno regional dio luz verde al proyecto de supresión del Consejo Consultivo, un compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el fin de reducir el gasto público, que fue aprobado el pasado mes de diciembre por la Asamblea de Madrid. En este sentido, la supresión de este órgano ahorrará a los madrileños un total de 2,3 millones de euros anuales, sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la administración pública.