Vuelva usted mañana

Es evidente que el buen rumbo de una empresa comienza por un buen plan de negocio, con una base bien  cimentada  que soporte el crecimiento que la empresa vaya adquiriendo  y el firme propósito de querer crecer. Hasta ahí todo bien, después viene el tema  financiación, el punto de inflexión de toda empresa  sea  cual sea su tamaño, sector, actividad o ubicación, ya sea una empresa  grande,  mediana empresa, micropyme  o trabajador autónomo.

Es muy duro ver como el trabajo y el esfuerzo diario  se va por el desagüe por que los clientes no pagan o tardan mucho en hacerlo. El gran problema que genera esto en la empresa es tan importante que llevan a la quiebra y al  echar el cierre  definitivo.

Los retrasos en los pagos de las facturas son un círculo vicioso que condiciona la supervivencia de muchas empresas y que lastra al conjunto de la economía.

Actualmente son muchas las compañías que sufren este tipo de retrasos, afectando gravemente a su liquidez y obstaculizando, a su vez, que ellas mismas puedan pagar a tiempo a sus proveedores.

No cobrar las facturas de los clientes, en plazo es tan serio que puede provocar problemas tan graves como la bancarrota de la empresa, su descapitalización y finalmente la quiebra financiera y el cierre, ya que esto produce una concatenación de escenarios tan peligrosos que generan una deuda al que no la tenía y que le convierten en deudor por obligación, precisamente porque no cobra del le debe.

Una gran empresa seguramente tenga un ben pulmón financiero que le aporte la seguridad de un colchón de tesorería que le salven de poder cumplir con sus obligaciones de pago, pero seguramente una microempresa no tenga  esa capacidad de ahorro si los gastos no son soportados dada la falta de cobro de sus facturas.

Y  la  posibilidad de aportar una solución vía bancaria con una línea de crédito o financiación puntual para salir del atolladero, es altamente improbable porque siempre aparece la figura del gestor de riesgos que anula la posible operación para no asumir ni el mínimo riesgo por mucho que venda la empresa.

El problema es de liquidez puntual  y no de tesorería ya que si estuviera al día de sus cobros no necesitaría pedir ayuda. El empresario grande o pequeño asume el riesgo y sufre el castigo de cobrar el  mejor de los casos a 60 o 90 días, algo que   es casi religión, en vez de poder negociar como se hacían los negocios en otras décadas atrás en el que figura del ‘pronto pago’ significaba un descuento en el precio final del producto o por el contrario se negociaba un ‘recargo financiero’ si el pago se iba a demorar.

El gran problema es que es la pescadilla de que muerde la cola: las empresas se ven obligadas a retrasar los plazos de pago porque ellas mismas no tienen más remedio que dilatar los plazos de cobro que conceden a sus clientes. La solución pasaría por agilizar los pagos de todas las empresas. 

 Pero además el problema se recrudece cuando el deudor es la propia  Administración pública ya que esto es un problema significativo para muchas empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Cuando las entidades públicas retrasan o no realizan los pagos, las empresas pueden enfrentar serios problemas de liquidez.

Esto puede afectar su capacidad para operar en los mercados, comprar,  pagar a sus empleados y cumplir con sus obligaciones financieras, sin embargo sin ninguna piedad esta misma Administracion morosa, si le pasa al cobro  sin ningún escrúpulo a esa misma empresa a la que le debe facturas,  los recibos, tributos, y obligaciones fiscales, los días correspondientes sin ningún miramiento y  si no se pagan ya lleva implícito un 20 % de recargo y seguramente una multa administrativa, y todo ello por no poder pagarle  a quien te debe facturas durante meses, que ironía no?.

  Y es que esos impagos provocan un impacto tan negativo, que cuando una empresa no recibe el pago por los bienes o servicios que ha proporcionado, puede enfrentar problemas de flujo de caja, lo que dificulta su capacidad para cubrir gastos operativos, pagar a empleados y proveedores, e invertir en su crecimiento. En casos extremos, el impago puede llevar a la quiebra.

Por ello es condición sine qua non que las empresas cobren a tiempo y si es posible tengan opción a negociar  sea,  la Administracion pública o empresa privada sus facturas y  gestionen adecuadamente sus cuentas por cobrar y establezcan políticas claras para minimizar el riesgo de impagos. 

 Mas de un 60 % de las empresas  reconocen que cada vez le resulta más difícil pagar a tiempo a sus proveedores y esta situación va en aumento según se observa el deterioro en la capacidad de las compañías para cumplir con sus obligaciones financieras.

Además, un punto muy importante para la empresa que ofrece sus productos o servicios es  la incertidumbre en los plazos de pago que  puede desincentivar a las empresas a trabajar con la Administración pública, lo que a su vez puede limitar la competencia y la calidad de los servicios ofrecidos. Es un ciclo que puede perjudicar tanto a las empresas como a la propia Administración, ya que esto  puede llevar a una disminución en la calidad de los servicios públicos.

Para mitigar este problema, sería muy ventajoso, dinámico y funcional que las empresas  pudieran establecer una buena comunicación con las entidades públicas y plantearles alternativas o que sea la propia Administracion quien ofreciese alguna  otra solución ante los  retrasos en los pagos que ella misma genera.

Ahora, eso es un muro infranqueable en la que la Administracion, excepto honrosas excepciones, no acepta  ninguna otra opción en  los procedimientos de facturación y pago o explorar  alguna otra forma de pago para ayudar a gestionar el flujo de caja mientras esperan los pagos. “Hoy no está el jefe, vuelva usted  mañana”. ¿Les suena?.

Arrastrar impagos durante tanto tiempo  provoca el cierre definitivo de las empresas